Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), calificó de vergonzosa e indignante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Chile, de liberar a asesinados de la dictadura de Augusto Pinochet.
‘No puede ser que las víctimas directas y familiares de los crímenes de la dictadura (1973-1990) tengamos que enfrentarnos a estos vaivenes centrados en los acuerdos políticos y no en doctrinas de derechos humanos’, afirmó Pizarro.
‘Lo ocurrido muestra a un poder del estado que no respeta el derecho internacional humanitario y que no tiene ningún pudor en complacer a un gobierno que busca liberar a trasgresores de derechos humanos’, apostilló.
Flanqueada por carteles en los que se leía Dónde están y Verdad y Justicia Ahora, en referencia a los miles de ciudadanos desaparecidos, torturados o asesinados en la dictadura pinochetista, la titular de la AFDD fue categórica en sus comentarios.
Señaló directamente al presidente de la República, Sebastián Piñera, y a su ministro de Justicia, Hernán Larraín, de fomentar acuerdos para enviar a sus casas a criminales sentenciados a largas penas por sus actos en la Junta Militar.
Recordemos que el ministro Larraín llegó a defender a Paul Schaefer, ex nazi que lideró una secta en Colonia Dignidad autora de actos de pedofilia, torturas y crímenes en contubernio con su amigo Pinochet.
A una pregunta de Prensa Latina, respondió que se trata de una decisión política de un Gobierno de derecha. ‘Es consecuencia de 28 años de arreglos para relativizar el genocidio y no hacer justicia’. Acotó.
‘Pero hoy día llegó la derecha, la misma que apoyó el golpe de estado en 1973, y está devolviendo favores a la mal llamada familia militar que en el fondo busca establecer el precedente de amenazar la estabilidad democrática en Chile’, añadió.
Pizarro subrayó que si la mayoría de los chilenos no tuvo miedo en dictadura, ahora menos. ‘No estamos dispuestos a aceptar que vuelva una junta militar golpista a nuestro país’, precisó.
Admitió que la AFDD y otras organizaciones de derechos humanos esperaban que con el regreso de Piñera al Palacio de La Moneda la derecha hiciera acciones, pero no calcularon que ocurriera ‘algo tan obsceno como lo de la Corte Suprema’.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), deploró la liberación de personas que no sólo cometieron crímenes de lesa humanidad, sino que justificaron sus acciones y jamás mostraron arrepentimiento.
‘Nosotros, familiares y abogados, acudiremos a las instancias internacionales pero lamentablemente se demoran mucho en pronunciarse. De todas formas, seguiremos en pie de lucha con manifestaciones en Chile denunciando lo sucedido’, apuntó.
Los cinco sentenciados, exmilitares en libertad condicional cumplían penas en la exclusiva prisión de Punta Peuco, señalada como lugar donde los reos disfrutan de numerosos privilegios.
El excapitán de Carabineros, Gamaliel Soto, condenado por el secuestro de dos hermanos en 1973; el excoronel Manuel Pérez, sentenciado por el asesinato en Uruguay del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, en 1993, fueron beneficiados.
Asimismo, los exoficiales del Ejército, José Quintanilla, Hernán Portillo y Felipe González, quienes purgaban penas por el plagio de Lorenzo Lazo en 1975.
En un comentario lleno de paradojas, la Corte Suprema dijo que dar la libertad ‘no conlleva desconocer la particular gravedad de los crímenes de lesa humanidad’, pero ‘era momento de dar el nuevo paso’.
En Chile, cifras oficiales revelan que la dictadura de Pinochet asesinó a más de tres mil 200 personas, torturó a 33 mil ciudadanos y unos mil 300 engrosan la lista de desaparecidos.
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